La Plataforma Más Plurales en rueda de prensa ha vuelto a afirmar que la Ley Celaá es una ley innecesaria, partidista, que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa, que ni siquiera ha podido manifestar su opinión durante la tramitación parlamentaria, como suele ser habitual. La Ley Celaá se ha aprobado en el Congreso de una manera exprés y sin buscar en ningún momento ni el consenso ni la posibilidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación que la sociedad tanto demanda. Para la Plataforma, todavía hay tiempo para cambiar las cosas.

La Plataforma Más Plurales ha reiterado su oferta de diálogo al presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación con el fin de cambiar y mejorar una Ley que en vez de aunar opiniones y buscar lo mejor para el alumnado y sus familias, ha provocado una profunda fractura en la sociedad española. Para la Plataforma, la Ley Celaá no aborda los auténticos problemas de la educación española, como son el fracaso escolar y la mejora real de la igualdad de oportunidades. Peor todavía, todo aquello que ahora mismo está funcionando con normalidad en nuestro sistema educativo, lo cuestiona y modifica. Para Más Plurales, ahora mismo no hay ningún problema ni con la Enseñanza Concertada, ni con la Educación Especial, ni con la asignatura de Religión.

En contra de lo manifestado por la Ministra de Educación, que ha acusado a la Plataforma Más Plurales de fomentar el alarmismo –pues nada de lo que dicen, según ella, figura en la Ley-, en la rueda de prensa se afirmó que no se exagera absolutamente nada cuando denuncian que la LOMLOE amenaza la existencia de la escuela concertada. En este sentido, basta con ver el recorrido de los últimos años en aquellas Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas y Unidas Podemos para comprobar sus intenciones de marginar a la Concertada, frenadas todas ellas en la calle y en los tribunales. Por ejemplo, recientemente en La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana.

Para la Plataforma Más Plurales, la eliminación de la demanda social como uno de los criterios a tener en cuenta para la planificación de unidades educativas deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos. Por tanto, será el Estado quien decida el tipo de educación que reciban los alumnos, no las familias, como sucede en la actualidad.

En relación con la Educación Especial, las organizaciones de Más Plurales dicen a la Ministra de Educación es que si no van a cerrar estos centros, como afirma en sus comparecencias, lo tiene fácil: que elimine la adicional 4ª del artículo 74 y asunto concluido. Para la Plataforma, con la redacción actual –basta con leer lo que está escrito-, la ley Celaá no ordena su cierre pero sí el trasvase de sus alumnos a centros ordinarios, provocando así la progresiva desaparición de miles de puestos de trabajo y la privación de la atención especializada que muchos alumnos necesitan. La Plataforma Más Plurales quiere decir bien alto que la Educación Especial no segrega: sin la atención específica a las diversas necesidades de su alumnado, no es posible la tan abanderada inclusión.

Sobre la asignatura de Religión, la redacción actual de la LOMLOE relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar. Todo ello, en contra de la opinión de las familias, que la eligen libre y voluntariamente todos los años como una asignatura más.

Por último, desde Más Plurales han querido subrayar que se trata de una plataforma social y educativa, independiente de los partidos políticos, que ha conseguido aglutinar a diferentes asociaciones de ciudadanos que legítimamente defienden la pluralidad y la libertad de nuestro sistema educativo ante una ley partidista y aprobada sin consenso ni diálogo social.

La Plataforma Más Plurales emprenderá próximamente otras acciones; entre ellas, entregará en el Senado mañana, viernes 4 de diciembre, una serie de enmiendas encaminadas a mejorar el contenido de una Ley que va en contra de la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, desprecia a los trabajadores de los centros concertados y pone en serio peligro el ejercicio de las libertades públicas, de manera especial la libertad de las familias para educar a sus hijos. También anuncia manifestaciones en toda España para el próximo día 20 de diciembre.

Resumen de la intervención de Jesús Muñoz de Priego en la rueda de prensa de hoy.

1. “MÁS PLURALES”, UNA CAMPAÑA BASADA EN LA CLARIDAD Y EN EL ARGUMENTARIO.

El 28 de octubre, hace poco más de un mes, con una rueda de prensa, dábamos inicio público a la Plataforma “Más Plurales, Más Libres y Más Iguales”, como reacción al proyecto de LOMLOE, y lo hacíamos criticando la ley por el momento, las formas y el contenido, con incidencia expresa y detallada en los límites a la libertad de enseñanza.

Desde ese mismo día, hemos sido transparentes en cuanto a quiénes forman esta Plataforma. Desde su núcleo inicial de “Concertados”, con los representantes de los titulares, de los trabajadores y de los padres, más representativos del sector de la enseñanza concertada, a las entidades que se han ido adhiriendo a la misma. En la web están actualizados los nombres y sus logotipos.

En ningún caso se han incorporado a la Plataforma grupo político de ningún signo, por decisión de la propia Plataforma, que ha querido mantener así su independencia política. Agradecemos, en cualquier caso, que diferentes grupos políticos hayan usado nuestro argumentario, particularmente en la tramitación parlamentaria, y que hayan invitado a participar en nuestras acciones. Pero la ministra debe tener claro que son nuestras acciones, de la Plataforma.

Desde la primera rueda de prensa, pero también en cada acción, manifiesto, intervención en medios o entrevista, hemos pretendido alentar el debate social que el Gobierno quería hurtarnos, pero hacerlo, además, con argumentos. Hemos insistido en dar el listado detallado de límites a la libertad de enseñanza y explicarlos pormenorizadamente cada vez que hemos tenido oportunidad. Queremos una sociedad con conocimiento del contenido de la ley, para provocar un rechazo fundamentado.

Lamentablemente, en nuestra opinión, la postura del Gobierno no ha sido la misma. Ha pretendido evitar el debate con una tramitación en plena pandemia, sin intervención de la comunidad educativa y deprisa y corriendo, y cuando hemos puesto el debate en la calle y en los medios y se ha visto forzado a intervenir, no lo ha hecho de forma leal.

2. EL GOBIERNO Y SU ENTORNO NO QUIEREN UNA CONFRONTACIÓN DE ARGUMENTOS.

El Gobierno y su entorno han pretendido hurtar el debate social y cuando se han visto forzados al mismo lo han basado no en una confrontación leal de argumentos, sino en estrategias de desinformación.

Es necesario desenmascarar estas estrategias, para que el ciudadano no los confunda con fundamentos, porque no los son, y pueda hacer una reflexión responsable:

– La manipulación de nuestros argumentos, a fin de responder después al argumentario manipulado y no a los argumentos originales presentados por “Más Plurales”. Así, por ejemplo, hemos escuchado a personas vinculadas al Ministerio afirmar que quienes se oponen a la ley dicen que desaparecerá la religión, para a continuación centrar su defensa en que eso es falso. Pero lo cierto es que, como puede comprobarse en nuestros textos y apariciones públicas, nosotros nunca hemos dicho que desaparecería la asignatura de religión, sino que se la posterga, aún más, sin alternativa ni evaluación, fijándola en la práctica fuera del sistema educativo al dejar de cumplir las características propias de cualquier asignatura.

– El acudir al “negacionismo”, que se basa en la idea de decir que han cambiado el texto legal… pero defender que todo sigue igual. Hay un axioma que nunca falla: los cambios en los textos legales nunca, aún el más mínimo, son gratuitos ni asépticos.

Y así, por ejemplo, plantean que nada ha cambiado en cuanto al idioma español. ¿Es creíble por alguien decir que han aceptado una enmienda de ERC, pero con la intención de que todo siga igual? Eso mismo han alegado con la Educación Especial, que los cambios de la Disposición Adicional Cuarta no afectan a la estabilidad de la educación especial específica, a pesar de que el preocupante art. 74.2 del texto final deja claro que se tendrá en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias, pero siempre “que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”.

Si se les estuviera malinterpretando la solución sería fácil, dejar la norma como estaba, o introducir una redacción que impidiera interpretaciones.

– El desvío de atención hacia focos ficticios. La Plataforma ha explicado de forma exhaustiva dónde están los ámbitos de sus reivindicaciones. Son éstos y no otros. Por contra, hemos escuchado insistir, por ejemplo, en que la razón real de las protestas de la concertada era que la ley le impedía cobrar cuotas. Lo cierto es que la ley en esta materia no incorpora ningún cambio. Ninguno. La intención es desviar la atención de lo importante y de paso intentar desprestigiar, difamar y levantar sospechas sobre la concertada. Hay mala fe y mezcla interesada de conceptos.

Los centros concertados son sostenidos con fondos públicos y, por tanto, gratuitos en cuanto a la prestación del servicio educativo básico. No puede haber ninguna cuota por ello. Pero eso no debe confundirse, y no obsta a la existencia de cuotas por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares o servicios complementarios. En cualquier caso, esas actividades y servicios son voluntarios, y las cuotas, que solo pagan quienes reciben el servicio, son previamente autorizadas por el Consejo Escolar o por la propia Administración.

También están los donativos, que son aportaciones de mera liberalidad que hacen los padres que quieren y porque quieren. El Gobierno no podría, aunque quisiera, eliminar este acto de libertad.

El ánimo de cuestionar y difamar a la concertada choca con la realidad y los hechos son que no hay una situación reseñable de comisiones de conciliación por incumplimiento de conciertos por cobro de cuotas ilegales, ni procedimientos judiciales al respecto.

– El intentar menospreciarnos y el restarnos importancia. Así se ha cuestionado nuestra comprensión lectora al observar e interpretar la ley, se nos ha dicho que hacemos de pantalla de grupos políticos, como si la sociedad fuera incapaz de reaccionar por si sola, o se ha dudado del seguimiento de nuestras actuaciones, como si no hubiera imágenes más que evidentes. Esto nos preocupa menos, pero no deja de ser una falta de respeto a ciudadanos.

Frente a todo ello, nosotros seguimos insistiendo en un debate leal sobre los argumentos y denunciando el listado de agravios extensísimo de la ley a la libertad de enseñanza: con maltrato y ataque a la concertada, la educación especial específica, la asignatura de religión, la diferenciada, la implantación de un inventado derecho a la educación pública,…

No hay sobreactuación o exageración por nuestra parte. En las Comunidades autónomas tradicionalmente gobernadas por el PSOE o últimamente, de forma incisiva, en las gobernadas en coalición por PSOE y Unidas Podemos (como Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja) se ha procedido a la reducción de unidades concertadas con demanda social, es decir, pedidas por las familias, en beneficio de unidades públicas sin demanda. Esto es un hecho. Y si se ha procedido así, en los últimos años, con una ley que reconocía la demanda social como elemento a tener en cuenta por la Administración en la programación de plazas escolares, ¿qué cabe esperar con la retirada de esa referencia?

Esas actuaciones han sido reprobadas por jurisprudencia reiterada y consolidada de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo, que han devuelto a los centros la gran mayor parte de esos conciertos.

La LOMLOE pretende alentar y respaldar jurídicamente esa prácticas de ataque a la libertad de enseñanza y la concertada, y sortear además esa jurisprudencia que ha reprobado las mismas.

Pero además, la LOMLOE prevé el incremento discrecional de nuevas unidades públicas (art. 109.5) porque sí, de forma artificial, sin vínculo alguno con necesidades de escolarización (falta de plazas en zona) o demanda social (petición de plazas públicas por las familias). Eso conllevará, en esas Comunidades Autónomas, la reducción de nuevas unidades concertadas con demanda social, para llenar esas nuevas aulas públicas no necesarias ni pedidas.

Con ello se pretende una concertada subsidiaria de la pública, que la ley busca, permite y posibilita, con su concepto de planificación unilateral de plazas escolares de la Administración, y que en algunas Comunidades autónomas la concertada pueda quedar como testimonial o incluso, en un futuro, desaparecer. Se ponen las bases para posibilitar una escuela pública única, un monopolio educativo de la Administración pública.

3. NUEVAS ACTUACIONES Y FECHAS PREVISTAS.

Aún hay tramitación parlamentaria. El siguiente paso es el Senado y estamos obligados a dedicar todos nuestros esfuerzos a la modificación de la ley. Es el compromiso adquirido con cuantos ciudadanos nos siguen y apoyan. Para ello, desde la plataforma “Más Plurales” se fijan las siguientes actuaciones:

– Lunes 30 noviembre, pasado, escrito registrado en Palacio de la Moncloa de solicitud de reunión con el presidente del Gobierno.

– Viernes 4 de diciembre. Registro en Senado de propuesta de enmiendas al proyecto, dirigidas a los diferentes grupos parlamentarios.

– Jueves 10 de diciembre. Quedada digital de 18 a 20 horas, bajo el hashtag #MasLibres

– Miércoles 16 de diciembre. Concentración ante el Senado, en Madrid, a las 12:00 h. Se recomienda hacer concentraciones en Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en otros territorios.

– Viernes 18 de diciembre. Registro en el Congreso de los Diputados del manifiesto con recogida de firmas, que seguirá abierto hasta ese momento.

– Domingo 20 de diciembre. Manifestación con coches y vehículos en Madrid y por toda España, de 11.00 h. a 13:00 h.

– Se seguirá con las concentraciones de los miércoles a las puertas de los centros educativos a la finalización de la jornada lectiva.